Naturgy solicita al Gobierno el cierre de la térmica de Meirama, con 200 trabajadores

Naturgy (antigua Gas Natural Fenosa) solicitó ayer al Gobierno la autorización para el cierre de la central térmica de Meirama (A Coruña), dentro del contexto de transición energética impulsado por la Unión Europea y auspiciado por el Gobierno de Pedro Sánchez. 

Las direcciones de Generación y Relaciones Laborales de Naturgy comunicaron ayer en Madrid a los representantes de los comités de empresa de las centrales térmicas de carbón de Meirama (A Coruña), Narcea (Asturias) y La Robla (León) que la compañía ha solicitado la autorización de cierre para las tres instalaciones. El grupo tiene convocadas reuniones con los representantes sindicales de cada una de las centrales afectadas. 

La central de Meirama, en el municipio de Cerceda, cuenta con alrededor de un centenar de profesionales en plantilla, a los que se suman otros tantos de empresas auxiliares que dependen directamente de la planta. A ellos habría que sumar aún los empleos indirectos. 

El cierre solicitado para la central coruñesa es para final de este año, mientras que para la asturiana sería en el verano, aunque el procedimiento de autorización suele tardar más de un año. 

La compañía argumenta para llevar a cabo esta medida que hay otras tecnologías más eficientes y que contaminan menos. Entre las opciones que se barajan es que parte de la plantilla se quede momentáneamente realizando labores de desmantelamiento en la central, y el resto sea recolocada en otros centros de trabajo de Naturgy. 

Las tres plantas, con una potencia instalada conjunta de casi 1.700 megavatios (MW), echarán el cierre después de que la compañía haya decidido no ejecutar las inversiones necesarias para cumplir con los requisitos medioambientales que impone Bruselas. 

La decisión de Naturgy se enmarca dentro de la política energética de la Unión Europea, que ha acordado retirar en 2025 los pagos por capacidad a las centrales que emiten más de 550 gramos de CO2 por kilovatio hora producido. Sobre ese límite están las dos térmicas de carbón gallegas y sin esos pagos por estar disponibles cuando el sistema eléctrico lo requiere quedarán inhabilitadas para ejercer un papel de respaldo a las intermitentes energías renovables. El seguro de supervivencia ligado a las energías verdes quedará reservado para los ciclos combinados de gas, que emiten menos CO2. 

Eliminación gradual

Entre las medidas de ese paquete se incluye un nuevo límite a la obtención, por parte de las centrales eléctricas, de subsidios. Se ha acordado que las subvenciones a la capacidad de generación de centrales que emiten 550 gramos de CO2 por kilovatio hora producido o más “se eliminarán gradualmente”. En concreto las centrales de nueva construcción que comiencen a funcionar tras la entrada en vigor de la nueva normativa ya no podrán beneficiarse de los mecanismos de capacidad si superan ese límite de emisiones y las centrales eléctricas existentes que estén en esa misma situación sólo podrán recibir las ayudas hasta el 1 de julio de 2025. 

Dentro de ese segundo grupo están las centrales térmicas de carbón de Galicia, ambas ubicadas en la provincia de A Coruña: la de Naturgy en Meirama (Cerceda) y la de Endesa en As Pontes. La nueva normativa europea les da la puntilla porque en el contexto de transición energética y de descarbonización de la economía su supervivencia dependía en buena parte de su papel como respaldo al desarrollo de las renovables. Además, hay que tener en cuenta que la UE también acordó este año medidas para encarecer los derechos de emisión de CO2 con la reforma de sus mercados. El conjunto de las medidas relega a las centrales de carbón frente a las de gas, que en los últimos años habían registrado bajos niveles de producción en España. 

Por su parte, Endesa invierte 217 millones de euros en acondicionar la central de As Pontes para que pueda seguir produciendo electricidad a partir de la combustión de carbón dentro de año y medio. Esta central cuenta con una plantilla de unos 200 trabajadores directos, pero el empleo directo dependiente de ella ronda los 700 profesionales entre el dispositivo de camiones (unos 150) para transportar el carbón y las distintas contratas vinculadas a la actividad de la central. La térmica genera además 80 millones de euros al año en salarios, impuestos y contratos con pequeñas empresas locales.

Fuente La Opinión