Con la llegada de marzo se acabó una de las moratorias que favorecían a la generación eléctrica para tratar de reducir sus precios, finalmente, para los consumidores: volvía a entrar en vigor el impuesto del 7 %. Sumada esta situación a las políticas llegadas desde la UE al amparo de la Cumbre climática de París y a la apuesta del actual Ejecutivo estatal en funciones de acabar con los combustibles fósiles, las centrales térmicas de carbón iniciaron su particular calvario. Desde entonces, el último cuatrimestre se han producido 2.320 gigavatios hora (GWh) acumulados, cifra similar a la alcanzada solo en junio del año pasado.
El mes pasado se generaron 429 GWh de luz con esta fuente no renovable, menos de la quinta parte que el idéntico periodo del pasado ejercicio (2.274 GWh). Este declive afecta, y mucho, a Galicia. Anticipándose a lo que está ocurriendo, Naturgy anunciaba a mediados del pasado enero el apagado de la térmica de Meirama, medida que no sentó bien en los despachos de la Xunta.
Movimiento opuesto fue el de Endesa en As Pontes, que en marzo de 2018 puso en marcha una inversión total de unos 220 millones de euros con el objetivo de adaptarse a la rigurosa Directiva de Emisiones Industriales (DEI).
Con esta apuesta pretendía la compañía alargar su vida útil hasta el 2045. Sin embargo, la intención manifestada desde La Moncloa por el Gabinete de su actual inquilino, Pedro Sánchez, de que no se queme carbón en España a partir de 2030 volvió a dejar a oscuras a la instalación pontesa. Si a ello se suma que los derechos de emisión que debe afrontar la planta por tonelada de dióxido de carbono (CO2) se quintuplicaron, pasando de cinco a 25 euros por tonelada en el último ejercicio, “es imposible que la electricidad que genera entre en el mercado”, pues existen fuentes mucho más baratas que no sufren estos recargos.
Según fuentes conocedoras del mercado energético, una instalación que importaba cuatro millones de toneladas de carbón al año llevan más de dos meses sin mover una piedra del mineral que llega a la dársena del puerto exterior de Ferrol. Allí permanece acumulado, como en el parque de la central. No se quema.
GRAVE IMPACTO SOBRE RUEDAS. Que no se mueva este combustible por la autovía AG-64 (Ferrol-Vilalba) supone que los transportistas gallegos del carbón, más de 200 empresas de las que dependen medio millar de personas, se vieron forzados a parar tras haber realizado inversiones de más de cinco millones en nuevos vehículos menos contaminantes para abastecer a la térmica.
Temen que su cierre pueda volver a ponerse sobre la mesa. Denuncian que mientras Endesa debe afrontar impuestos a la generación y los altísimos costes de la tonelada de CO2, “se compra electricidad proveniente de térmicas a otros países con menores costes por su mano de obra muy barata o que producen carbón”.
Por eso una delegación pontesa liderada por su alcalde y flamante reelegido presidente Valentín González Formoso; y los presidentes del comité de empresa, Luis Varela, y de los transportistas, Manuel Bouza, viajaron esta semana a Madrid y le plantearon el grave problema al Ministerio de Transición Ecológica. Una primera toma de contacto. Seguro habrá más.
Fuente El Correo Gallego