Bruselas quiere cerrar en cuatro años las minas de carbón deficitarias

[La Voz de Galicia] La UE permite que se obligue a las industrias eléctricas a obtener hasta un 15% de la energía que producen quemando carbón extraído de las minas europeas. Pero a la vez, la Comisión Europea cree que la mayoría de esas explotaciones no tienen futuro, porque la materia prima que producen es demasiado cara y nada competitiva y que, por tanto, lo mejor que se puede hacer con ellas es cerrarlas.

La contradicción, que afecta de rebote a las centrales térmicas gallegas y a los cerca de 2.000 puestos de trabajo que proporcionan, se puso ayer de manifiesto durante una larga e intensa reunión del Colegio de Comisarios en Bruselas, que decidió proponer que, a partir de ahora, las únicas ayudas directas al carbón europeo que podrán programar los Gobiernos se destinen a las minas que prevean cerrar antes de octubre del 2014.
Quizá para que la contradicción no se pusiera de manifiesto con demasiada evidencia, el Colegio decidió aplazar, sin fecha para recuperarlo, el debate sobre el plan del Gobierno español que pretende primar la producción eléctrica a partir de carbón patrio. Por orden expresa de Bruselas, ese proyecto no prevé compensar a las centrales que emplean mineral extracomunitario, como las gallegas de As Pontes y Meirama o las que usan gas natural, que tendrían que reducir su producción para ajustarse a pelo al nuevo reparto de la tarta energética nacional.
Base legal
En teoría, el decreto español y el reglamento europeo no están directamente relacionados. La base legal del primero es la directiva de electricidad, que contempla la posibilidad de que el 15% de la electricidad de un país se obtenga con mineral propio; y la del segundo, el reglamento sobre ayudas al carbón, que data del 2000 y que sería prorrogado hasta octubre del 2014 con nuevas condiciones. Tampoco sus consecuencias están ligadas, porque lo que pretende España es dar salida a la hulla que ya tiene almacenada y que, por su precio y calidad, no puede exportar. Sin embargo, para los implicados en el asunto parece difícil desvincular ambas normas.
De hecho, y según fuentes cercanas al debate, la reunión del Colegio de Comisarios duró más de lo previsto por las posturas enfrentadas entre sus miembros. Por un lado, los partidarios de mantener las ayudas, como el vicepresidente español y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, que temía los costes sociales de cerrar miles de empresas mineras en toda la UE en plena crisis económica.
Por otro, el grupo encabezado por los comisarios de Cambio Climático, la danesa Connie Hedegaard, y de Medio Ambiente, el esloveno Janez Potocnik, quienes consideran que las subvenciones son incompatibles con los objetivos medioambientales y de eficiencia energética que se ha marcado la UE. En el medio, el comisario de Energía, el alemán Günther Öttinger, quien defiende mantener las ayudas (su país es el que más ha gastado en ellas, seguido de España), pero que, a la vez, no vería con buenos ojos el decreto español.
Los Gobiernos deberán debatir ahora la propuesta de la Comisión Europea. Si esta saliera adelante en su redacción actual, significaría que en los próximos cuatro años tendrán que cerrar todas las minas deficitarias, es decir la práctica totalidad de las que hay en España. Solo tendrían ayudas si prometen cesar su actividad.
Endesa y Fenosa, afectadas en sus plantas gallegas, evitaron ayer pronunciarse sobre la decisión de Bruselas y se limitaron a comentar que todavía deben analizar la propuesta.