El carbón se moviliza de nuevo ante las ‘presiones electorales’

[ABC] La central sindical nacionalista CIG anunció ayer la reanudación de las movilizaciones contra el decreto del carbón, a través de una manifestación que se celebrará en La Coruña el próximo 13 de marzo. La central denuncia que el Gobierno central ha exigido a la Xunta la retirada del recurso interpuesto ante los tribunales contra la aplicación de esta medida por «intereses electorales». El decreto del carbón, aprobado a finales del pasado año, prima la quema de carbón producido en España frente al de importación, lo que supone un ataque directo a las centrales gallegas de As Pontes y Meirama, que consumen mineral de importación, más barato, productivo y ecológico.

La central realizó el anuncio de la vuelta a la calle después de que la Comisión de seguimiento del Plan del Carbón 2006-2012 acordase, el pasado 5 de febrero, diversas medidas con el fin de asegurar la estabilidad del sector y los principios de protección social y reactivación del Plan Nacional del Carbón. El acuerdo alcanzado por la comisión establece que el Ministerio de Industria se compromete a pagar las ayudas del 2011; que las empresas asociadas a la empresa Carbunión levanten los Expedientes de Regulación de Empleo actualmente en curso o en tramitación, y que las organizaciones sindicales desconvoquen las movilizaciones.
Según el Ministerio de Industria y tras el acuerdo con las empresas, que ha cerrado con Moncloa un pacto para retirar sus recursos, sólo quedaría pendiente que la Xunta retire el recurso interpuesto contra el decreto ante el Tribunal de Luxemburgo para proceder a la aplicación de la norma. En esta tesitura, la central sindical denuncia que, aprovechando las elecciones autonómicas en Asturias, Castilla y León y Aragón, por parte del Ministerio y con el apoyo de el resto de integrantes de la Mesa Estatal del Carbón (patronal, Carbunión y sindicatos estatales), «están orquestando una campaña de presión política para que Galicia deje de defender el normal funcionamiento de las centrales térmicas gallegas».
Además, el sindicato nacionalista vaticina que la presión no sólo va a venir de fuera, ya que «hay organizaciones sindicales y políticas en Galicia que también van a ser parte de este proceso sin importarles las graves consecuencias que para el empleo y la economía gallega supone la aplicación de este decreto». Finalmente, alegan que el origen del decreto fue «político» y que por ello requiere «una solución política».
Piden a Madrid que negocie
Al mismo tiempo que se anunciaba la vuelta a las movilizaciones, las Cortes de Castilla y León aprobaron ayer sendos acuerdos que piden al Gobierno central que negocie con la Xunta la aplicación del decreto.
Los debates surgidos en torno a la minería del el parlamento castellano se centraron en el recurso planteado por la Xunta, observado por los grupos de la oposición como un «nubarrón» o «fleco importante» para la minería de León y Palencia. La oposición al gobierno del PP en esa comunidad, encabezada por el PSOE, trató de forzar al presidente Juan Vicente Herrera, a ser el encargado de presionar a Núñez Feijóo, de su misma formación, el PP. Tanto el Grupo Popular como el Grupo Mixto han modificado las propuestas de resolución que llevaban al pleno, mientras que el Grupo Socialista ha mantenido su demanda de que la Junta de Castilla y León interceda ante la Xunta para que retire el recurso planteado contra el Real Decreto de ayudas al carbón autóctono. El Tribunal de Luxemburgo decidirá en breve sobre la suspensión cautelarísima de la norma.