El carbón y las renovables enfrentan al Gobierno y las eléctricas

[Expansion] El Gobierno aprobó un real decreto que establece incentivos para el uso del carbón en la generación de electricidad mientras la eólica se hace con un mayor trozo de la tarta energética.
Los incentivos fijados por el Gobierno para suavizar la maltrecha situación del carbón nacional provocada por la crisis y el mayor protagonismo de las energías renovables frente a las fuentes tradicionales han puesto en pie de guerra a las grandes eléctricas, que luchan por mantener su trozo del pastel.

En 2010, pese a la recuperación del consumo, se recrudeció la pelea de tecnologías iniciada en 2009, cuando la demanda de electricidad cayó un 10% y el Ejecutivo comenzó a plantearse la necesidad de incentivar el uso del carbón autóctono junto al reto de lograr un pacto de Estado con el PP para dar estabilidad al sector y a las millonarias inversiones que realiza.
El Gobierno aprobó, tras más de un año de tramitación, un real decreto que establece incentivos para el uso del carbón en la generación de electricidad y cuya aplicación sacará del mercado a centrales que queman mineral importado o a ciclos combinados, plantas a las que el Ejecutivo tenía previsto compensar y sin embargo no lo hará por recomendación de Bruselas.
Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa, que consideran que la normativa distorsiona el mercado, decidieron recurrirla ante el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, al tiempo que llevaron ante el Tribunal de la UE la decisión de la Comisión Europea de dar luz verde a las ayudas.
Tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal de Luxemburgo han paralizado cautelarmente la puesta en marcha del decreto, cuya aprobación ha puesto en pie de guerra a las centrales que queman carbón importado, como las gallegas de As Pontes y Meirama, que tienen el apoyo de la Xunta.
La otra cara de la moneda corresponde a las cuencas mineras, cuyos trabajadores revivieron el pasado con marchas “negras”, huelgas de hambre y encierros para exigir la aprobación del real decreto y el pago de sus salarios.
En paralelo, la Unión Europea ha decidido prorrogar hasta 2018 las ayudas públicas al carbón a las minas deficitarias, a las que, inicialmente, quería poner fin en 2014.
Por otra parte, las renovables, principalmente la eólica, se hacen poco a poco con un mayor trozo de la tarta energética, lo que desplaza a las tecnologías fósiles, más caras y más contaminantes, y afecta, sobre todo, a los ciclos combinados, que este año han trabajado al 30% de su capacidad.
Esto ha llevado a las grandes eléctricas a clamar contra las primas que reciben las energías verdes, sobre todo la fotovoltaica, que se estima que en 2010 superarán los 6.000 millones de euros.
En este campo, las compañías han logrado su objetivo y han arrancado al Ejecutivo una rebaja de las primas eólicas y solares.
Las eléctricas culpan a las renovables del crecimiento del déficit de tarifa eléctrico, una deuda que ahora soportan sus balances y que este año podría acumular los 20.000 millones de euros tras superar en unos dos mil millones el límite de generación de déficit marcado para 2010.
Para aliviar el endeudamiento que las eléctricas soportan por este concepto, el Ejecutivo acordó dar a esta deuda el aval del Estado para lograr colocarla en los mercados, un proceso que se esperaba que este año quedara finiquitado y que, finalmente, podría ni tan siquiera iniciarse debido a las turbulencias financieras.
En este contexto, en 2009, se constituyó una subcomisión en el Congreso para consensuar la estrategia energética de España para los próximos 25 años y cuyos trabajos finalizaron en noviembre con un acuerdo que contó el rechazo de ICV-IU y la abstención del PP.
La subcomisión ha propuesto repartir entre todos los usuarios el coste en primas de las energías renovables, que ahora se pagan sólo vía recibo de la luz -lo que no gusta a petroleras ni gasistas-.
Los diputados debían pronunciarse sobre el futuro de la nuclear, una cuestión que consideraron conveniente aplazar a mediados de la próxima década y que, al parecer, enfrenta al PP y al Gobierno en sus negociaciones para el pacto energético.
Los contactos entre populares y socialistas se intensificaron a mediados de año y llevaron a la congelación de la tarifa de la luz en julio, una sorpresiva decisión que llevó de nuevo a las compañías ante la justicia. No obstante, en enero la luz subió el 2,64% y en octubre el 4,8% de media.
El ministro de Industria, Miguel Sebastián, y el coordinador de Economía del PP, Cristóbal Montoro, explicaron que antes de tocar los ingresos (tarifas) habían acordado revisar todos los costes que soporta el sistema (como primas, transporte o distribución) en aras a alcanzar un pacto de Estado que sigue sin llegar.
Los ingresos que se obtienen por el recibo de la luz no son suficientes para cubrir todos los costes que se quieren retribuir con ellos, lo que desde hace una década genera el déficit de tarifa, una deuda con las eléctricas que los usuarios deberán devolver en 15 años.