El decreto del carbón causará unas pérdidas de más de 100 millones en cinco años en A Coruña

Todos los grupos parlamentarios gallegos se oponen a la norma al considerar que generará un descalabro laboral y económico en Cerceda y As Pontes y reducirá los ingresos de las arcas públicas
[La Opinión de A Coruña] El real decreto que el Gobierno aprobó en febrero pasado para primar la producción energética con carbón nacional amenaza con paralizar las centrales térmicas de Meirama y As Pontes, que fueron adaptadas recientemente para funcionar con carbón de exportación -más barato y menos contaminante- y causar unas pérdidas de al menos 100 millones de euros durante los cinco años de vigencia de la norma, que la Comisión Europea tiene que analizar para decidir si autoriza o no su aplicación.

El impacto económico que tendría la aplicación de esta norma supera los 20 millones de euros anuales sólo en las restricciones por garantía de suministro en el puerto de A Coruña y la central de Cerceda, a lo que los ayuntamientos suman la desaparición de cerca de 2.000 empleos directos e indirectos en las comarcas en las que se ubican las instalaciones de Gas Natural-Fenosa y Endesa.
La Autoridad Portuaria de A Coruña estima que por cada año que esté en vigor el real decreto dejará de ingresar más de un millón de euros en concepto de tasas que se aplican por el atraque de los barcos graneleros y el depósito de mercancías, ya que al año entran unos 24 barcos con una carga media de 70.000 toneladas de carbón para abastecer sólo a la central de Meirama.
La caída superará sin embargo los 10 millones de euros anuales en la facturación total de la comunidad portuaria, que engloba a transportistas, consignatarios, estibadores, remolcadores, entre otros. Y según las cifras globales que manejan el Concello de Cerceda y Gas Natural Fenosa, propietaria de la central cercedense, el impacto económico será “brutal” y supondrá la pérdida de 20,4 millones de euros anuales. Una caída de la actividad económica de más de 100 millones durante los cinco años de vigencia del decreto.
“Esta norma será mala para el puerto, para las industrias y los concellos. Afectará al personal y a las empresas que han invertido muchos millones para estar preparadas y cumplir con las exigencias medioambientales. Ahora dejará de entrar más de un millón y medio de toneladas de carbón para Meirama, lo que representa cerca del 30% del tonelaje del puerto de A Coruña sin contar los graneles líquidos”, explica Francisco Santiáñez, presidente de la asociación de consignatarios de A Coruña.
La Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao prevé una pérdida de más de 3 millones de euros anuales a causa de una caída del tráfico en cerca de 2 millones de toneladas de carbón procedente de Indonesia y destinado a abastecer a la central térmica de As Pontes.
Pero los beneficios del carbón no sólo repercuten en las cuentas de las empresas privadas y los puertos, de titularidad pública, sino que también alimentan las administraciones locales y autonómica. Las compañías deben abonar a los ayuntamientos el Impuesto de Actividades Económicas, una tasa que se abona en función de la facturación de las centrales y que los concellos dejarán de percibir en caso de que las térmicas se vean obligadas a suspender su producción. El Gobierno autonómico dejará de ingresar unos 2,5 millones procedentes de la ecotasa que las empresas deben abonar por las emisiones contaminantes que genera su actividad industrial.
Durante los primeros meses de 2010, y sin la aplicación del decreto del carbón -que todavía debe ser aprobado por la Comisión Europea para que entre en vigor-, las centrales térmicas gallegas han reducido su producción en más de un 60% por el descenso de la demanda de energía eléctrica, de la que culpan en gran parte a la crisis económica, y a la prioridad que las energías renovables, como la hidráulica y la eólica, o los ciclos combinados tienen sobre las centrales térmicas a la hora de volcar su producción en la red de la que tira el consumo español. Como la energía eléctrica no se puede almacenar en grandes cantidades, el sistema energético español produce sólo aquella que los consumidores demandan y el Centro de Control Eléctrico de Red Eléctrica de España da salida primero a aquellas fuentes que, a diferencia de las centrales, no tienen botón de arranque. El resto de las fuentes funcionan como complemento de las renovables y como sustitutivo cuando el viento cesa y el caudal de los ríos baja.
Empresas energéticas, sindicatos y partidos políticos autonómicos arremeten contra el real decreto del carbón que el Gobierno central aprobó el 12 de febrero en el Consejo de Ministros. El Ejecutivo que preside Zapatero pretende con esta norma forzar a las centrales a reservar una cuota de generación fija del 15% para el lignito extraído en España y poder dar salida así al material que se acumula en las cuencas españolas. El real decreto nace también para apoyar la implantación del plan del carbón 2006-2012, que tenía como objetivo reestructurar y racionalizar la industria de este mineral a través de la regulación de los suministros y de las plantillas, con ayudas para compensar los costes derivados del cierre de unidades de producción. Las medidas del Gobierno no han sido suficientes para aliviar la situación financiera de algunas empresas mineras, que no consiguen competir con el carbón importado -menos contaminante según Gas Natural Fenosa y Endesa- por su elevado coste, lo que ha provocado numerosas manifestaciones de los trabajadores del sector de la minería en Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón y Andalucía.
Las ayudas para el sector que desde hace algunos años reclaman otras comunidades, supondrán, no obstante, la ruina en Galicia. Las dos centrales térmicas gallegas quedaron fuera de las diez instalaciones que recoge el real decreto para quemar carbón español y además no percibirán la compensación que el Ministerio de Industria preveía en el decreto para las centrales de gas, fuel y carbón de importación por dejar hueco en el sistema a las de mineral español. La Unión Europea eliminó esta posibilidad en un primer análisis de la norma.
“Las consecuencias son muy difíciles de medir, pero el real decreto supondrá un parón de las dos centrales gallegas hasta 2014 como mínimo y una pérdida de millones de euros, de cientos de puestos de trabajo y tirar por tierra muchas de las inversiones millonarias que se promovieron en torno a la ampliación de la vida útil de las centrales”, aclara el representante de la CIG en el comité de empresa de la central térmica de As Pontes, Fernando Branco. Para el sindicalista, el decreto “es una acción política que busca beneficiar a determinadas comunidades autónomas con mucho peso político”. Branco destaca sin embargo la implicación de todos los grupos parlamentarios de Galicia, incluido el PSdeG, así como de la Xunta, para frenar la aprobación de la norma por parte de Bruselas.
Unidad política contra el decreto
Tanto los concellos de As Pontes y Cerceda, ambos socialistas, como la Mesa Regional del Carbón -donde están representados la Xunta, la Federación de Industria de Comisiones Obreras de Galicia y la Federación de Industrias Afines de UGT- y el BNG han manifestado su rechazo a la nueva normativa por el impacto que tendrá en las comarcas en las que se ubican las centrales térmicas.
El Gobierno autonómico anunció en julio su intención de recurrir la medida estatal ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y ante el Tribunal Supremo. El presidente, Núñez Feijóo, advirtió entonces de que la Xunta irá contra el decreto “hasta sus últimas consecuencias porque es muy perjudicial para Galicia”.
La pelota está ahora en el tejado de la Comisión Europea, que deberá decidir, previsiblemente en las próximas semanas, si acepta o no la norma del Ejecutivo español. Antes de conocer el resultado, el cruce de acusaciones no se hizo esperar. El pasado viernes el presidente de la patronal minera Carbunión, Victorino Alonso, acusó a las compañías eléctricas, y en concreto a las gasistas, de “tocar” a eurodiputados para impedir que se apruebe el real decreto que incentiva la quema de carbón autóctono y que él defiende. La guerra también va camino de extenderse en España entre camaradas de partido, ya que todos los políticos, sean del color que sean, defienden los intereses de sus respectivas comunidades autónomas, y en este caso, Galicia se queda sola. El ambiente promete calentarse aún más el próximo martes, durante el debate en la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados de la iniciativa propuesta por el BNG para modificar el decreto del carbón.