[La Voz de Galicia] «No se ha tomado una decisión porque todavía no es el momento, aunque hemos empezado a hablar con el Gobierno, en general, para poner sobre la mesa el tema de la directiva europea que se tiene que incorporar en las leyes de España, para ver bajo qué condiciones podría ser rentable hacer las inversiones para prolongar su vida y disminuir las emisiones». Así se manifestó ayer sobre el futuro de la térmica de As Pontes el consejero delegado de Endesa, Andrea Brentan, tras la junta general de accionistas que la eléctrica celebró en Madrid.
Y es que, en un escenario económico y regulatorio adverso para la compañía en España, si algo quedó ayer claro es que Endesa no invertirá ni un euro donde la rentabilidad no esté asegurada, algo que en este momento no ocurre en As Pontes, pese a que hasta hace poco era la joya de la corona. De hecho, en su intervención ante los accionistas, el presidente, Borja Prado, anunció que la inversión de la compañía prevista para este año será de «unos 2.000 millones de euros», lo que supone un recorte del 26,7 % respecto a los 2.727 millones del 2012.
Brentan matizó, respecto del futuro de As Pontes y en relación con las conversaciones con el Ejecutivo, que «con el precio del pool donde está son discursos difíciles, pero de todas maneras lo estamos abordando con toda la buena voluntad». Los directivos insistieron en que Endesa «es la empresa más perjudicada» por las medidas del Gobierno, y cifra en 313 millones el impacto negativo de los cambios regulatorios. La multinacional se siente «discriminada» por algunas medidas «expropiatorias» implantadas.
El alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso (PSOE), considera que el problema al que se enfrenta la central es político, debido a las tasas aprobadas por el Ministerio de Industria. «Es una barbaridad que se grave la producción de las plantas y no los beneficios, sin tener en cuenta si las instalaciones están generando o no dinero», afirmó. Por ello, reclamó a la Xunta que abra un cauce de diálogo con Madrid para intentar que los impuestos al sector eléctrico no golpeen a las plantas más eficientes, como la pontesa. «A Endesa, los impuestos para la sostenibilidad energética le suponen 14 euros por tonelada de carbón que queme, con independencia de lo que produzca», añadió. «Hay que garantizar que al final del período se transforme la central. Hay muchos empleos pendientes».
Los trabajadores solicitan un plan energético estable y a largo plazo
Empleados de todos los centros de trabajo de Endesa se movilizaron ayer en Madrid, coincidiendo con la celebración de la junta de accionistas, para reclamar avances en la negociación del convenio colectivo. Luis Varela, presidente del comité de empresa de la térmica pontesa, también participó en la protesta. Aunque incidió en que tanto las centrales de As Pontes como la de Almería deberían ser las más serias candidatas a volver a captar proyectos para su adaptación a las nuevas leyes ambientales, por su eficiencia y rentabilidad, insistió en la necesidad de que el Ministerio de Industria defina un mapa energético estable y a largo plazo, para dar estabilidad a las inversiones.