La Xunta impugnará el decreto del carbón por ‘condenar’ a las térmicas gallegas

Industria calcula que 2.000 empleos están en riesgo y que la pérdida de actividad será de 20 millones de euros anuales
[Faro de Vigo] La Xunta está dispuesta a llegar hasta el final en la lucha contra el real decreto del Gobierno que da prioridad en la producción eléctrica a las centrales alimentadas con carbón nacional. Por ello, la Asesoría Xurídica esté preparando los recursos para impugnar la normativa ante el Tribunal de Luxemburgo y ante el Tribunal Supremo. Si el Ejecutivo central saca adelante finalmente el decreto, que por el momento no se ha comenzado a aplicar, la Xunta considera que condenaría la viabilidad económica de las centrales térmicas de As Pontes y Meirama y pondría en riesgo 2.000 puestos de trabajo.

Para mantener la actividad de las minas de carbón, el Gobierno elaboró un decreto que da prioridad a las centrales que consumen producto nacional. Esto supone que las que se alimentan con hulla de importación, como las dos gallegas, tendrían que reducir su producción eléctrica para acomodarse al mercado.
En principio, el Ejecutivo preveía compensaciones económicas para las plantas que tuvieran que bajar su producción, pero recibió una notificación de la Comisión Europea en la que le advierte que estas ayudas podrían resultar ilegales. En consecuencia, el Gobierno se plantea ahora eliminar del decreto estas indemnizaciones. Y si lo hace, será cuando la Xunta acuda a los tribunales, porque entiende que se trata de un “torpedo directo a la línea de flotación” de las centrales de As Pontes y Meirama.
“El decreto es ilegal porque conculca el principio de libre competencia, se interviene en el mercado y se distorsionan las decisiones de los agentes”, reprocha el director xeral de Industria, Ángel Bernardo Tahoces.
La Xunta calcula que la rebaja de la producción eléctrica de las dos centrales térmicas gallegas, para dejar sitio en la red a la electricidad generada a partir del carbón nacional, supondría una pérdida de actividad por importe de unos 20 millones de euros: 11 correspondientes a la estiba y transporte de la hulla de importación que se desembarca en los puertos de A Coruña y Ferrol, otros 6 a la merma de las tasas portuarias que se cobrarían por el menor atraque de buques cargados con carbón y 2,5 que corresponden al impuesto de la ecotasa que la Xunta dejaría de percibir como consecuencia de la menor contaminación de las centrales.
La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) criticó la modificación del real decreto que regulará la subministración de carbón y alertó de que la entrada en vigor del nuevo reglamento aprobado por el Gobierno central es “lesivo para los intereses de Galicia”. La patronal advirtió de que esta medida ocasionará un “serio perjuicio” a las centrales térmicas de As Pontes y Meirama. La CEG señaló además que la aplicación de la nueva normativa, que prima el consumo de carbón autóctono en el mercado energético nacional, repercutirá de manera grave en la actividad de las centrales gallegas que “en estos momentos atraviesan una situación complicada debido a la caída de la demanda eléctrica”.