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As Pontes

El fiscal denuncia al titular de la empresa Cuiña S.A. por fraude fiscal de 1,2 millones de euros

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[La Voz de Galicia] El Juzgado de Instrucción número 3 de Ferrol ha incoado diligencias previas contra el administrador de la empresa Cuiña S. A., Emilio Ramón Alonso Carballo, por un supuesto fraude a la hacienda pública por impago del Impuesto de Valor Añadido (IVA) por un monto de 1.234.205 euros durante el año 2005. Se da la circunstancia de que otro juzgado de Ferrol tiene abiertas otras diligencias por el mismo motivo, relativas a la liquidación correspondiente a los ejercicios 2002 y 2003 por importes de 724.332 euros y 511.577 euros, respectivamente. Este segundo asunto, en manos del Juzgado de Instrucción número 1, que había tenido su origen en otra denuncia del fiscal (entonces, en forma de querella), se quedó semiparalizado tras la declaración de los querellados, por lo que la Fiscalía del Área ha pedido que se continúe la instrucción.


La reciente iniciativa de la Fiscalía de Ferrol, adoptada en la forma de denuncia, imputa al administrador un delito contra la Hacienda Pública, y se hace eco de la anterior denuncia de la delegación especial de la Agencia Tributaria de Galicia contra la sociedad Cuiña, S.A., uno de los principales grupos empresariales de la comarca de Ferrol en actividades de áridos, excavaciones, maquinaria y apoyo a la construcción, con sede en As Pontes.
El comportamiento
Según el fiscal, el denunciado, como administrador único, sabía que las cantidades autoliquidadas e ingresadas al erario público eran inferiores a las que resultaban legal y reglamentariamente exigibles, «comportamiento -añade- que denota la voluntad de ocultar la verdadera deuda mediante la alteración dolosa de la realidad». Según el Ministerio Fiscal, la deuda tributaria real fue detectada tras una inspección de la Agencia.
El artículo 305 del Código Penal castiga con pena de prisión y multa a quien por acción u omisión defraude a Hacienda (estatal, autonómica, foral o local), eludiendo los tributos, cantidades retenidas u otros conceptos por encima de 120.000 euros.
El fiscal pide al juez que se tome declaración al denunciado y que se llame para que confirmen sus informes a los funcionarios de la inspección de Hacienda. Ambas causas judiciales contra el mismo administrador no se pueden unificar en un sumario común porque se encuentran en juzgados diferentes. Del informe sobre lo defraudado que aporta el fiscal se infieren algunos datos sorprendentes como que en algún mes en el que no tenía que pagar cantidad alguna sí lo hizo, y viceversa: otros que debía hacerlo no cumplió con su obligación.

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