El PSOE pide a Feijóo que no recurra el decreto del carbón

Las eléctricas ya retiraron las medidas cautelares que habían solicitado al Tribunal Europeo de Luxemburgo
[Xornal] Los grupos parlamentarios llevarán al próximo pleno de las Cortes, que se celebrará durante mañana martes y el miércoles, sendas proposiciones no de ley sobre el carbón aunque con contenidos y objetivos divergentes. Así, los socialistas pretenden que Xunta de Galicia y compañías eléctricas retiren los recursos que han planteado al decreto del carbón, mientras que el Grupo Mixto planteará la aplicación de ese decreto que incentiva la compra de carbón nacional.

Por su parte, el Grupo Parlamentario Popular instará a la Junta de Castilla-León a que se dirija a su vez al Gobierno de la nación para que apruebe una Resolución que fije las cantidades de carbón, el volumen máximo de producción y los precios de retribución de la energía para 2011 así como para que establezca una nueva política energética.
Según consta en el orden del día, al que ha tenido acceso Europa Press, el PP presentará otra PNL para que comunidades autónomas y Gobierno de la nación desarrollen de forma coordinada y conjunta un plan urgente para el sector ganadero español.
RETIRADA DE LAS ELÉCTRICAS
Por su parte, las eléctricas ya retiraron su petición de medidas cautelares al Tribunal Europeo de Luxemburgo el pasado jueves, según confirmaron a este diario fuentes de Iberdrola y Gas Natural, que, junto a Endesa, interpuesieron la solicitud.
Sin embargo, las empresas no dieron marcha atrás en cuanto al recurso que mantienen en la misma instancia, al igual que la Xunta de Galicia, que aseguró en un comunicado de prensa que mantendrán su petición ante la justicia europea para “defender” los intereses de las centrales gallegas, As Pontes y Meirama.
La consellería de Economía e Industria, que dirige Javier Guerra envió una carta al Ministro de Industria en la que defiende la intención de la Xunta de “no retirar los recursos presentados” ante distintas instancias judiciales contra la aplicación del real decreto “debido a la falta de interlocución del Ministerio” con la Xunta de Galicia desde el anuncio del decreto el año pasado.