El Tribunal de Luxemburgo analiza hoy si sigue el bloqueo del decreto del carbón

Las eléctricas y la Xunta pedirán que se mantenga la paralización cautelar de la norma, que la audiencia europea suspendió en octubre. La decisión se conocerá en semanas, mientras sigue la batalla en Supremo y Audiencia Nacional
[ABC] Representantes de la Xunta y las compañías eléctricas Endesa, Iberdrola y Gas Natural se verán hoy las caras con el Ministerio de Industria en una vista ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para tratar sobre el mantenimiento o levantamiento de la paralización de las ayudas a las centrales térmicas para la compra de carbón nacional (centro de la polémica normativa aprobada el pasado año por el Gobierno central), un bloqueo decretado por esta instancia judicial europea en el pasado mes de octubre. La vista oral se centrará exclusivamente en este bloqueo temporal, y no en la legalidad de la norma, cuyo análisis sigue su curso. La decisión sobre la suspensión podría conocerse en espacio de varias semanas.

A pesar de que el Gobierno central había retirado una cláusula de la ley para adaptarla a las exigencias de la Comisión Europea —la que establecía una compensación por las hipotéticas pérdidas de las centrales afectadas—, que acabó dando el visto bueno al decreto hasta el 31 de diciembre de 2014 tras considerarlo compatible con la competencia interior en la UE, el Tribunal de Luxemburgo no hizo seguidismo de las instancias políticas y aplicó medidas cautelarísimas contra el real decreto hace tres meses. Ahora, esta instancia deberá decidir si la aplicación de la norma sigue en el aire, o si por el contrario acepta que se aplique hasta que se alcance el fallo definitivo sobre la ley. Fuentes del tribunal señalaban ayer a Efe que «las medidas provisionales no prejuzgan en modo alguno la decisión final del Tribunal General sobre el fondo del litigio en curso».
La Xunta se sumó a la causa de las eléctricas en Luxemburgo al considerar que el Real Decreto de Restricciones por garantía de suministro en la producción de energía eléctrica, aprobado inicialmente en el mes de febrero, perjudica seriamente y discrimina a las centrales de las localidades coruñesas de As Pontes y Cerceda, así como a las insdutrias auxiliares y sus respectivas comarcas. Las dos plantas gallegas, adaptadas y modernizadas para la quema de mineral de importación, más barato y con mayor poder calorífico, tendrán que alargar los paros que ya venían sufriendo por la bajada del consumo si se aplica la política de ayudas al carbón nacional, que se emplea en otras zonas de España próximas a las cuencas.
La situación de desventaja en que se han visto sumidas las dos localidades motivó la movilización de los ciudadanos de As Pontes y Cerceda en los últimos meses del año 2010. Tras realizar concentraciones, una huelga de hambre y marchas a la delegación del Gobierno en La Coruña, a Santiago y a Madrid, los afectados no descartan viajar también a Bélgica para manifestarse ante las instituciones europeas. Más de 3.500 puestos de trabajo directos e indirectos dependen de las dos factorías.
La visión de las empresas
Frente al gobierno, cuyo ministro de Industria, Miguel Sebastián, apelaba a la seguridad de suministro para defender el real decreto durante una interpelación del BNG en el Senado, las compañías inmersas en la batalla legal consideran que la aplicación de la normativa incrementará los costes de la energía en España y perjudicará a otras tecnologías de producción que el carbón relegará.
También apelan a la restricción de mercancías en el espacio comunitario que provoca la promoción de la materia prima nacional, así como la relegación de otras tecnologías, como por ejemplo los ciclos de gas combinado.
Dos recursos más
Además de este proceso, siguen su curso los abiertos en el ámbito jurisdiccional nacional, en la Audiencia Nacional y el Supremo. Esta última sala decidió el pasado 22 de diciembre rechazar las medidas cautelarísimas exigidas por el gobierno gallego y las eléctricas, aunque todavía no se ha pronunciado sobre la legalidad de la norma. «No vamos a retirar los recursos, porque creemos que están bien fundamentados. El decreto todavía está parado, no lo olvidemos, porque el Tribunal de Luxemburgo así lo mandó», señalaba a ABC el responsable en materia energética del equipo de Alberto Núñez Feijóo, Javier Guerra, sobre los autos emitidos por el Alto Tribunal español.