Las discográficas de EEUU demandan a otros 532 usuarios de redes P2P

La asociación que reúne a las principales empresas discográficas de EEUU denunció ante los tribunales a otros 532 usuarios, acusados de intercambio ilegal de música en la Red, dijo la presidenta de la agrupación, Cary Sherman. Son ya 1.977 las personas demandadas por la asociación en siete meses

De los demandados por intercambiar canciones en sitios como KaZaA o Gnutella, 89 son estudiantes que proceden de 21 universidades de todo el país, señaló la asociación de discográficas (conocida como RIAA por sus siglas en inglés).
“Es importante que todo el mundo entienda que nadie es inmune a las consecuencias de intercambiar ilegalmente ficheros”, dijo Cary Sherman en un comunicado.
Sherman señaló que las demandas son una “parte importante” de la estrategia que consiste en “educar a los usuarios sobre la ley, proteger los derechos de los propietarios de la música y animar a los ‘fans’ a acudir a los servicios legítimos”.
Procedimiento especial
La RIAA no dijo qué servicio de acceso a la red utilizaban los acusados, ya que se trata de demandas anónimas.
Esto quiere decir que la RIAA acusa a los propietarios de determinadas direcciones de internet y posteriormente los jueces, si así lo consideran, obligarán a los proveedores de acceso a facilitar las identidades.
Demandas y acuerdos millonarios
Con las de hoy, son ya 1.977 las personas demandadas desde que la asociación lanzó esta iniciativa, hace siete meses.
Desde entonces las discográficas han alcanzado acuerdos con 400 personas que, como media, tuvieron que desembolsar unos 3.000 dólares.
A pesar de todo, todavía no está claro si esta campaña ha hecho descender el número de personas que utilizan estos servicios.
Por lo pronto, KaZaA continúa siendo muy popular ya que, sólo la semana pasada, 1,9 millones de usuarios bajaron su ‘software’ de la Red, según Download.com, una página de internet que registra el número de descargas en la Red.
Presiones jurídicas
Por otro lado, la pasada semana, el procurador general de California, Bill Lockyer, aseguraba en una carta que las redes de intercambio gratuito de archivos son un “producto peligroso” plagado de pornografía, virus y otras amenazas.
Este documento fue interpretado como un paso más en la lucha contra los sitios de intercambio de “usuario a usuario”.
El fiscal consideraba que las empresas que desarrollan estos programas informáticos podrían estar incurriendo en “prácticas de negocio engañosas”, al no advertir a sus usuarios de los virus que anidan en su ‘software’, ni de la posibilidad de que estén infringiendo las leyes de propiedad intelectual.