La Xunta acepta negociar la retirada de los recursos al decreto del carbón

[ElPaís] La Xunta abrió ayer la puerta a llegar a un acuerdo con el Gobierno para retirar sus recursos contra el decreto del carbón. Los tiene interpuestos en la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el de Luxemburgo por entender que la normativa perjudica a las dos centrales gallegas de As Pontes y Cerceda. El conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra, anunció ayer que iba a remitir una carta al ministerio homólogo con tres condiciones que la Xunta considera imprescindibles para renunciar a la vía judicial.

El primer requisito que pone el Ejecutivo Gallego es que el perjuicio que supone el uso de carbón nacional al que obliga la norma sea soportado por todas las fuentes de energía. Hasta ahora perjudicaba sobre todo a las térmicas, singularmente a las gallegas, que se habían adaptado a usar materia prima importada, más eficiente y menos contaminante. La propuesta de la comunidad es que todas las productoras, excepto las renovables, sean solidarias en soportar los costes que supone el apoyo gubernamental al carbón español.
La segunda condición que expuso ayer Guerra en rueda de prensa es que la Xunta esté presente en la comisión de seguimiento de los posibles perjuicios que el decreto causa a las centrales gallegas. Ahora están representados los Ayuntamientos de As Pontes y Cerceda, pero el Gobierno autónomo ni siquiera es informado de sus reuniones, que tienen por objeto establecer hasta qué punto afecta la nueva norma a las térmicas.
Por último, el conselleiro pone como premisa para retirar los recursos judiciales que el Gobierno central permita a Galicia ampliar el cupo de energía eólica que aporta al conjunto del sistema en España, hasta ahora limitada.
Todo esto está plasmado en una carta que el departamento de Guerra envió ayer mismo al Ministerio de Industria. Esta y la vía de la prensa es la única que el conselleiro dice tener para comunicarse con Madrid. Los intentos de reunión que lleva meses impulsando caen en saco roto, según dijo ayer.
“Estamos viendo que el Gobierno de España insiste en la petición de la retirada de los recursos”, expuso Guerra, quien se lamentaba de conocer por los medios todos los movimientos del ministerio. Por esta vía se enteró de que el departamento de Sebastián asegura que las eléctricas van a retirar los recursos que tienen interpuestos en los tribunales contra el decreto.
“A mí no me consta esta decisión. Pero en cualquier caso nosotros no somos una eléctrica, somos el Gobierno de los gallegos y tenemos que velar por sus intereses, que no son solo los de las centrales. La norma pone en peligro más de 3.000 empleos y en torno a 1.000 millones de euros”, aseguró el conselleiro.
“Tal y como están las circunstancias, Galicia no va a retirar ningún recurso en ninguna de las instituciones”, añadió Guerra, quien también mostró su “actitud proactiva” mediante la carta que envió al ministerio para tratar de llegar a una solución fuera de los tribunales.