El Gobierno central no prevé compensar a las térmicas gallegas por la aplicación de una norma que las perjudica

[La Voz de Galicia] El Ministerio de Industria espera que Bruselas dé el próximo miércoles el visto bueno al decreto que primará el consumo de carbón nacional para la generación de electricidad, para dos días después aprobarlo en el Consejo de Ministros. Pese a la oposición que ha generado en Galicia, el Gobierno descarta modificar la norma para incluir compensaciones a las térmicas de la comunidad, que como solo funcionan con mineral de importación, verán reducida su actividad y, en el peor de los escenarios, quedarán paralizadas.

Si recibe la autorización de Bruselas, el Gobierno podrá dar salida a los diez millones de toneladas de carbón nacional acumulado y posibilitará la vuelta al trabajo de los mineros, a los que sus empresarios adeudan dos meses de salarios pese a haber cobrado más de 300 millones de euros de ayudas. Cuatro plantas térmicas de León, dos de Teruel y una de Asturias, Palencia, Córdoba y Ciudad Real darán salida a esa producción que se ha ido acumulando debido a que es más cara y más contaminante que la extranjera. Además, la fuerte presencia de las energías renovables en el mix de generación eléctrica del país propicia que el carbón tenga cada vez menos hueco para producir y como el que estará primado es el nacional, las centrales gallegas, que queman el foráneo, están condenadas a una bajada en la producción e, incluso, al parón. Los socialistas de la comunidad han reclamado al ministerio que garantice su funcionamiento mínimo, para que tanto los empleos directos como los auxiliares -unos 2.000, con transportistas, operadores de los puertos y subcontratas- no se vean afectados, además de ayudas a las eléctricas que compensen el descenso en la actividad.
Pero, el Ministerio de Industria desecha esta posibilidad, y recuerda que ya intentó recoger estas medidas cuando aprobó el decreto, en febrero, pero la UE lo tumbó. No obstante, otras fuentes próximas al gabinete de Sebastián aseguran que está sopesando con las empresas alternativas, que serían aplicadas a posteriori y que podrían pasar por garantizar una cuota mínima de funcionamiento.
Fuentes del sector recuerdan que la producción minera nacional se divide a partes iguales entre las minas de cielo abierto y las subterráneas, pero mientras que las primeras apenas concentran medio millar de empleos, las segundas copan más de 5.000. Por ello, apuntan que si el Gobierno quiere proteger los puestos de trabajo, podría ceñir la ayuda solo a las subterráneas, y así no expulsaría del sistema a las centrales que queman mineral de importación.
Reunión en Cerceda
La inminente aprobación del decreto propició que el conselleiro de Industria, Javier Guerra, se reuniese ayer en Cerceda con los alcaldes de los municipios que albergan las dos térmicas gallegas y con los sindicatos. Guerra reiteró que la normativa «suporía o paro das centrais de Meirama e As Pontes e a drástica reducción dos ciclos combinados de Sabón e As Pontes, cun impacto global sobre o emprego directo e asociación á súa actividade, que afectaría a máis de 3.500 persoas, e un impacto económico cifrado en máis de 1.200 millóns de euros».
Ante esta situación, el conselleiro señaló que la Xunta empleará «todas as ferramentas xurídicas ao seu alcance para recurrir a posta en marcha do decreto» y anunció la presentación de un recurso si es aprobado. Además, pidió al comisario europeo de la Competencia, Joaquín Almunia, que reciba a los afectados antes de tomar una decisión. Tanto Guerra como los alcaldes de Cerceda y As Pontes, y los representantes de UGT y CC.?OO., ofrecieron ayer una imagen de unidad, pero la CIG se desmarcó de estos últimos y anunció movilizaciones.